La privatización ocasionará un problema de imprevisibles consecuencias en la Selva Amazónica.

El Presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva, ratificó la llamada Medida Provisoria 458 en beneficio de los grileiros, como se denomina a los ocupantes irregulares de estas tierras selváticas que se asentaron en territorios fiscales y no cuentan con títulos de propiedad.

La decisión afecta a unas 67 millones de hectáreas de floresta en la Amazonia Legal, una extensión que equivale a dos veces la superficie de la provincia de Buenos Aires.

Tal como fue ratificada la ley por el Ejecutivo brasileño, una persona que llega a la Amazonía y reclama como propia una porción de tierra de hasta 400 hectáreas, podrá recibir un título sin que nadie verifique si realmente es ocupante de esa extensión.

Como se puede leer en la ley, tierras de hasta 100 hectáreas de superficie se darían sin cobro a los ocupantes, de 101 a 400 saldrían a la venta con un precio simbólico y de 401 a 1500 hectáreas serían vendidas a precio de mercado.

Las de mayor extensión como las que irían de 1501 a 2500 hectáreas saldrían a subasta pública y las de más de 2500 hectáreas pasarían a manos del estado las que podrían ser vendidas con autorización del Congreso.

Las tierras "privatizadas" podrán ser explotadas para diversos cultivos y cría de ganado. Pasados tres años, sus dueños podrán ponerlos a la venta.

Un veto parcial

La sanción de la ley se hizo con pocas reservas: el ejecutivo ejerció su derecho al veto en dos puntos de la norma, que habían sido incluidos durante el debate parlamentario.

El artículo 7, contemplaba la transferencia de tierras a personas jurídicas, o a individuos que no habitan en la región y administran sus terrenos mediante terceros o testaferros.

De esta manera, sólo las personas que viven en las tierras selváticas de manera permanente, y que se han instalado allí antes de diciembre de 2004, pueden reclamar la posesión legal.

El Presidente Lula eliminó, además, el punto que extendía la posibilidad de adquirir títulos de propiedad a nombre de empresas.